Lo dijo la Relatora Especial para el derecho a una vivienda adecuada de la ONU. En su informe de febrero de 2009, la relatora Raquel Rolnik trató el tema de la crisis inmobiliaria, hipotecaria y financiera internacional y sus consecuencias en el derecho a una vivienda adecuada.
En el párrafo 18 del informe, Rolnik afirma: “La Relatora Especial estima que la crisis, y sus orígenes en el mercado inmobiliario, refleja los defectos fundamentales de las políticas económicas e inmobiliarias actuales y ponen de manifiesto la incapacidad de los mecanismos de mercado para proporcionar vivienda adecuada y asequible para todos.”
En el informe la Relatora se pasea por el proceso de desregulación financiera y de actuación del Estado en función de facilitar las políticas de mercado, como forma de proveer vivienda a la población. Estas políticas neoliberales impulsadas desde los años 80 por el BM y el FMI, llevaron a la reducción de la inversión pública en vivienda tanto en países desarrollados como en los llamados países en vías de desarrollo.
En muchos de éstos el Estado no solo se retiró de la construcción y financiamiento de viviendas, también liberó el mercado financiero, permitiendo que se eliminaran los topes a las tasas de interés de las hipotecas y que distintos actores financieros pudieran otorgar estos préstamos, aunque no tuvieran la capacidad para evaluar los riesgos.
Estas políticas, junto a la creciente interrelación financiera internacional y a la apertura de los mercados inmobiliarios a la dinámica especulativa internacional, generaron grandes desajustes en un número importante de países. Primero un crecimiento irreal de la demanda de viviendas, por la facilidad para conseguir créditos, lo que produjo un aumento significativo en sus precios, y luego el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando los más débiles de la cadena no pudieron pagar, con su dolorosa seguidilla de quiebras bancarias y pérdida de viviendas para millones.
El modelo demostró su incapacidad de ofrecer verdaderas soluciones debido a su lógica mercantil y no de derechos. La construcción de viviendas y la entrega de créditos se movía en función de generar cada vez más ganancias, no de resolver una necesidad a la gente.
La Relatora hace un importante énfasis en la necesidad de que se reconozca que la vivienda es mucho más que un simple activo financiero y que tiene grandes implicaciones para la persona, la comunidad y la sociedad en su conjunto. La vivienda es el centro de la vida familiar y comunitaria y no puede dársele tratamiento de producto de consumo.
Las estafas inmobiliarias en Venezuela no son más que otro mecanismo perverso generado por las lógicas de mercado. Los estafadores juegan con la necesidad de satisfacción de un derecho humano (la vivienda), para generar un mecanismo de enriquecimiento basado en el engaño y la explotación de la víctima. Quienes estaban detrás de estos proyectos solo querían maximizar ganancias, no construir viviendas. Era eso o jugar en la bolsa o traficar con cupos CADIVI. El gobierno ha hecho bien en intervenir, pero se deben revisar las políticas de vivienda de manera integral. De eso hablaremos en una próxima entrega.■
