No es Wikileaks, son los medios

Álvaro Cabrera G.

He escuchado y leído varios comentarios por distintos medios progresistas, que ponen en tela de juicio la independencia de Wikileaks o sus intenciones. No tengo ninguna razón para defender a Wikileaks, algo que debe hacer la propia organización, pero sí creo que los comentarios han estado escasamente fundamentados.

Hasta donde entiendo el asunto, Wikileaks ha puesto a disposición del público, en la medida de sus posibilidades y en base a una estrategia, información que de otra manera sería para el común de los mortales inaccesible. La organización no ofrece una interpretación de esa información, solo la hace accesible. Esa es su oferta, exponer información que normalmente permanece oculta.

Si bien no resulta de mi agrado la selección de algunos periódicos del “cartel internacional de medios que defiende el capitalismo” para tener la exclusiva, entiendo que se trata de una estrategia que para la lógica del sistema es aceptable (cuando hablo del sistema me refiero a la democracia representativa en el marco del capitalismo). Al fin de cuentas, Wikileaks no propone un cambio de sistema, sino una modificación del sistema imperante para hacerlo más transparente.
Al margen de las intenciones de Wikileaks, la información está ahí, y una vez hecha pública es sujeto de análisis. Lo que ha quedado claro con la utilización que han hecho los medios dominantes de esa información es que carecen de toda capacidad de dar a la población una mirada aguda, balanceada y profunda del material disponible. No pueden hacerlo porque sus propios intereses están en juego.

Cuando se contrasta lo poco publicado con lo que dicen los cables, no se puede sino concluir que los medios mienten descaradamente todos los días y sin pudor alguno. Desde la selección de la información hasta los titulares utilizados, los medios dominantes han manipulado los cables, dando a entender que Wikileaks dijo algo sobre algún tema (por ejemplo, véase el siguiente título de El Universal: WikiLeaks señala que Chávez protegía a etarras en el país), o dando tratamiento de hechos ciertos a las afirmaciones de algún funcionario o diplomático, generalmente en función de atacar a los gobiernos que no son aliados de EEUU (véase la misma “noticia”, versión El País: Chávez facilitó la fuga de varios etarras en Venezuela, según el ex director del CNI).

En la mayoría de los casos, los medios han desechado analizar lo que realmente los cables indican. Que las embajadas de EEUU en el mundo actúan como brazos ejecutivos de la política imperial de Washington. Que extorsionan, hacen espionaje, compran conciencias, imparten instrucciones a políticos y empresarios de cada país, con el único fin de defender los intereses estadounidenses.

Esos intereses están además en todo el mundo, e incluyen instalaciones o bienes naturales de cada país, que el imperio considera casi como propios.

Los medios han obviado el hecho de que los cables solo pueden servir para analizar a quien los escribe (los diplomáticos estadounidenses y sus jefes), y en algunos casos a aquellos que subordinados al imperio han quedado retratados en esos documentos. Los cables muestran un nivel de injerencia inconcebible para países que se consideran independientes y transparentan la subordinación de sus clases dominantes a la diplomacia gringa a la que rinden cuentas casi a diario.

Además, demuestran que los medios hacen comparsa a la política exterior del imperio, atacando a quienes éste considera sus enemigos, y elevando el estatus de los países y personajes que se alían a las políticas estadounidenses.

Las filtraciones de Wikileaks están sirviendo, por sobre todas las cosas, para desnudar a los propios medios por lo que han dicho, cómo lo han dicho y lo que han dejado de decir en base a la información que aparece en los cables.■

El mercado no soluciona los problemas de vivienda (y 4)

Por Álvaro Cabrera G.

Al analizar las políticas de vivienda desarrolladas desde 1999, se concluye que se ha hecho un enorme esfuerzo por ajustar la normativa, por ordenar a los entes responsables, por aportar recursos y por desarrollar planes de construcción que hagan la vivienda más accesible para las mayorías. Sin embargo, son pocos los logros y se hacen evidentes algunas carencias en las estrategias que deben ser subsanadas.

La primera es la elaboración de un Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, donde el esfuerzo por ordenar las políticas de vivienda y las instituciones involucradas tenga un desarrollo programático que garantice la participación y la información de la población. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU lo establece como una necesidad para hacer seguimiento al diseño y la aplicación de las políticas, así como a sus resultados.

También hacen falta estadísticas confiables. Desde una mirada de derechos humanos, entre las obligaciones de los Estados está la de producir información que permita evaluar el grado de satisfacción de los derechos sociales. La dificultad para acceder a las estadísticas sobre la situación del derecho a la vivienda hace difícil el seguimiento de las políticas y la participación de la población. Las cifras y parámetros que utilizan el INE y el Ministerio de Vivienda y Hábitat no coinciden, por lo que se hace difícil tener un panorama claro de la situación del derecho a la vivienda en el país. Sin indicadores claros, las políticas no son evaluables, por lo que no es posible asegurar que sean las adecuadas.

Se debe realizar un diálogo con el sector privado. Si bien el afán de lucro mueve a la inversión inmobiliaria, también la capacidad de producción de viviendas del sector privado es necesaria para combatir la carencia de viviendas adecuadas. En ese sentido, es necesario llegar a acuerdos que permitan una interrelación coherente entre los proyectos oficiales y las expectativas del sector privado de vivienda, que incluye a constructores, bancos y propietarios de viviendas para alquiler. La sujeción de estos al plan de desarrollo nacional, pasa por otorgarles la oportunidad de aportar su experiencia en el diseño de estrategias para satisfacer la demanda.

Por último, se debe revisar la efectividad de las políticas de financiamiento. Según algunos especialistas el 90% de la población carece de acceso a las políticas de vivienda. Los precios de las viviendas las hacen inaccesibles, aún con los múltiples mecanismos previstos en la legislación, tanto para los sectores de bajos ingresos como para los de ingresos medios. En ese sentido, se debe revisar la normativa relativa al financiamiento para ajustarla a la realidad.

El desarrollo de estas propuestas debe acompañarse por el fortalecimiento de políticas que ya están en desarrollo, como la inclusión de los CTU y los Consejos Comunales en los planes de vivienda dirigidos a los sectores populares, que no solo les garantizan mayor efectividad, sino que además deja un saldo organizativo que puede favorecer el logro de mejores condiciones de vida para toda la comunidad.

Además, es importante dar continuidad a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra urbana, pues los títulos familiares o colectivos otorgados son fundamentales para garantizar el desarrollo integral de los barrios populares, así como para evitar su incorporación a la lógica especulativa inmobiliaria. ■

El mercado no soluciona los problemas de vivienda (3)

Por Álvaro Cabrera G.

Como mencionamos en la entrega anterior, entre 1990 y 2001, alrededor del 70% de las viviendas construidas en Venezuela fueron autoproducidas por los pobladores. Si bien éste ha sido el mecanismo que han encontrado los sectores excluidos para acceder a una vivienda, en general éstas casas carecen de la mayoría de los elementos que integran el contenido del derecho a una vivienda adecuada (condiciones de habitabilidad, acceso a servicios, ubicación apropiada, entre otros). Por ello es necesario conjugar la habilidad constructiva de la población con los conocimientos técnicos y la capacidad de proporcionar servicios que posee el Estado.

El Plan “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”, dirigido a la rehabilitación de viviendas y comunidades ya construidas, parece tomar en consideración estas premisas, así como también los recursos que se han asignado a los Consejos Comunales. Sin embargo, se trata en general de políticas de rehabilitación. Para la construcción de nuevas comunidades se pueden tomar otro tipo de iniciativas. Una de ellas puede ser la de preparar terrenos con servicios y parcelados para entregarlos a familias sin vivienda que desarrollen proyectos de autoconstrucción con asesoría oficial. Aunque se trate en principio de viviendas muy básicas, se garantizaría que no se ubiquen en zonas de riesgo. Estas viviendas podrían mejorar y crecer con el tiempo, si se garantiza que desde las bases estén bien construidas.

Otra cuestión que se debe considerar es la ausencia de una política de vivienda pública para alquiler. La actual Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y medidas como el congelamiento de los cánones de arrendamiento no han resultado beneficiosas para la población, pues en general no se cumplen y además disminuyen la oferta.

Se debe considerar que la propiedad de la vivienda no es la única forma de tenencia segura. Una oferta amplia de viviendas en alquiler sería una solución para muchas familias y personas que no tienen interés en instalarse definitivamente en un lugar determinado. Además, una abundante oferta de vivienda pública para alquiler a precios razonables impulsaría a la baja los precios de los alquileres en las grandes ciudades, e incluso incidiría sobre los precios de venta. También se debe pensar en la posibilidad de habilitar residencias estudiantiles y para personas que se trasladen transitoriamente de una ciudad a otra.

Como lo explica la Relatora Especial para el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, “En algunos países, la propiedad de la vivienda se ha considerado tradicionalmente la forma más segura de tenencia y el alquiler, la menos segura debido a las grandes posibilidades de desalojo. Los últimos acontecimientos demuestran a las claras que la propiedad de la vivienda es una forma segura de dominio pleno sólo en determinadas circunstancias, en particular cuando se cuenta con medios financieros suficientes, sostenibles y estables para lograrlo. El alquiler podría ser una forma más segura si existiese una legislación adecuada que protegiese a los inquilinos contra los desalojos abusivos y facilitase un mayor acceso a modalidades de alquiler asequible, controlado y subsidiado”.

Estas propuestas deberían acompañarse de otras políticas más generales, como el diseño de un Plan Nacional de Vivienda y Hábitat. De eso hablaremos en la próxima entrega.■

El mercado no soluciona los problemas de vivienda (2)

Por Álvaro Cabrera G.

En la primera entrega hablábamos de cómo los mecanismos de mercado han demostrado ser incapaces de proporcionar vivienda adecuada y asequible para todos en el mundo. En el caso de Venezuela, el mercado ha sido especialmente ineficiente para producir viviendas.

A pesar de la insistencia de la Cámara de la Construcción, las cifras demuestran que los productores privados son los que menos viviendas construyen. Como explica un estudio de la Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS) de 2006, “En América Latina, más del 60% de las obras para enfrentar el problema de vivienda las realiza la propia población. En el caso venezolano, de las viviendas construidas entre 1990 y 2001, alrededor del 70% fueron autoproducidas por los pobladores, 20% construidas por el Estado y 10% por el sector privado”.

Aunque no tenemos cifras más actualizadas que desglosen la producción entre pobladores, privados y Estado, no existen razones para pensar que esta realidad haya cambiado sustancialmente. La estafa inmobiliaria develada recientemente ha mostrado que los productores de viviendas con fines de lucro incumplen sistemáticamente los lapsos de entrega y que sus proyectos pueden demorar en ejecutarse períodos indeterminados.

En ese sentido, la idealización de la eficiencia del sector privado y su capacidad de producir es puesta claramente en entredicho por las cifras. Para quienes sostienen además que el problema de la vivienda es un asunto de estos tiempos “de excesivo control del Estado”, basta con decirles que entre 1950 y 1990 la población habitando barrios precarios en el Área Metropolitana de Caracas pasó del 16% al 40%. La Caracas llena de problemas de hoy es consecuencia de ese período.

De acuerdo a datos del Ministerio para la Vivienda y Hábitat recogidos por la FEGS, para el año 2006 el déficit de viviendas afectaba aproximadamente a 3,9 millones de familias (alrededor del 63% de la población) que requerían de algún tipo de atención habitacional. De este total, el 78% (3.019.978) requerían mejoramiento de las viviendas donde habitaban, mientras que la demanda de nuevas casas constituía el 22% (874.730 familias).

Ante esta realidad apabullante, hay que decir que la capacidad de producción del sector público ha sido también históricamente baja, y eso no ha cambiado. Entre 1989 y 1998 se produjeron en promedio 35.679 viviendas, mientras que entre 1999 y 2007 esta cifra bajó a 31.255 viviendas.

Esto a pesar de que se han aprobado normativas, se han hecho esfuerzos administrativos y se han dispuesto recursos para atacar la situación. En promedio entre 1999 y 2008 se destinó a vivienda el 2,56% del PIB, cifra ampliamente superior al promedio de 1,89% del PIB destinado entre 1990 y 1998. Sin embargo, el déficit de viviendas adecuadas no ha disminuido significativamente.

¿Qué hacer entonces? Pues sin duda hay que revisar las políticas para corregir las deficiencias y para fortalecer sus aspectos positivos. Además, se deben plantear otras estrategias, como por ejemplo, desarrollar una política de viviendas públicas para alquiler, y, como han propuesto algunos arquitectos, incorporar a la autoproducción de viviendas como una política de Estado. De esto hablaremos en la próxima entrega.■