En la primera entrega hablábamos de cómo los mecanismos de mercado han demostrado ser incapaces de proporcionar vivienda adecuada y asequible para todos en el mundo. En el caso de Venezuela, el mercado ha sido especialmente ineficiente para producir viviendas.
A pesar de la insistencia de la Cámara de la Construcción, las cifras demuestran que los productores privados son los que menos viviendas construyen. Como explica un estudio de la Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS) de 2006, “En América Latina, más del 60% de las obras para enfrentar el problema de vivienda las realiza la propia población. En el caso venezolano, de las viviendas construidas entre 1990 y 2001, alrededor del 70% fueron autoproducidas por los pobladores, 20% construidas por el Estado y 10% por el sector privado”.
Aunque no tenemos cifras más actualizadas que desglosen la producción entre pobladores, privados y Estado, no existen razones para pensar que esta realidad haya cambiado sustancialmente. La estafa inmobiliaria develada recientemente ha mostrado que los productores de viviendas con fines de lucro incumplen sistemáticamente los lapsos de entrega y que sus proyectos pueden demorar en ejecutarse períodos indeterminados.
En ese sentido, la idealización de la eficiencia del sector privado y su capacidad de producir es puesta claramente en entredicho por las cifras. Para quienes sostienen además que el problema de la vivienda es un asunto de estos tiempos “de excesivo control del Estado”, basta con decirles que entre 1950 y 1990 la población habitando barrios precarios en el Área Metropolitana de Caracas pasó del 16% al 40%. La Caracas llena de problemas de hoy es consecuencia de ese período.
De acuerdo a datos del Ministerio para la Vivienda y Hábitat recogidos por la FEGS, para el año 2006 el déficit de viviendas afectaba aproximadamente a 3,9 millones de familias (alrededor del 63% de la población) que requerían de algún tipo de atención habitacional. De este total, el 78% (3.019.978) requerían mejoramiento de las viviendas donde habitaban, mientras que la demanda de nuevas casas constituía el 22% (874.730 familias).
Ante esta realidad apabullante, hay que decir que la capacidad de producción del sector público ha sido también históricamente baja, y eso no ha cambiado. Entre 1989 y 1998 se produjeron en promedio 35.679 viviendas, mientras que entre 1999 y 2007 esta cifra bajó a 31.255 viviendas.
Esto a pesar de que se han aprobado normativas, se han hecho esfuerzos administrativos y se han dispuesto recursos para atacar la situación. En promedio entre 1999 y 2008 se destinó a vivienda el 2,56% del PIB, cifra ampliamente superior al promedio de 1,89% del PIB destinado entre 1990 y 1998. Sin embargo, el déficit de viviendas adecuadas no ha disminuido significativamente.
¿Qué hacer entonces? Pues sin duda hay que revisar las políticas para corregir las deficiencias y para fortalecer sus aspectos positivos. Además, se deben plantear otras estrategias, como por ejemplo, desarrollar una política de viviendas públicas para alquiler, y, como han propuesto algunos arquitectos, incorporar a la autoproducción de viviendas como una política de Estado. De esto hablaremos en la próxima entrega.■
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