Por Álvaro Cabrera G.
Al analizar las políticas de vivienda desarrolladas desde 1999, se concluye que se ha hecho un enorme esfuerzo por ajustar la normativa, por ordenar a los entes responsables, por aportar recursos y por desarrollar planes de construcción que hagan la vivienda más accesible para las mayorías. Sin embargo, son pocos los logros y se hacen evidentes algunas carencias en las estrategias que deben ser subsanadas.
La primera es la elaboración de un Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, donde el esfuerzo por ordenar las políticas de vivienda y las instituciones involucradas tenga un desarrollo programático que garantice la participación y la información de la población. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU lo establece como una necesidad para hacer seguimiento al diseño y la aplicación de las políticas, así como a sus resultados.
También hacen falta estadísticas confiables. Desde una mirada de derechos humanos, entre las obligaciones de los Estados está la de producir información que permita evaluar el grado de satisfacción de los derechos sociales. La dificultad para acceder a las estadísticas sobre la situación del derecho a la vivienda hace difícil el seguimiento de las políticas y la participación de la población. Las cifras y parámetros que utilizan el INE y el Ministerio de Vivienda y Hábitat no coinciden, por lo que se hace difícil tener un panorama claro de la situación del derecho a la vivienda en el país. Sin indicadores claros, las políticas no son evaluables, por lo que no es posible asegurar que sean las adecuadas.
Se debe realizar un diálogo con el sector privado. Si bien el afán de lucro mueve a la inversión inmobiliaria, también la capacidad de producción de viviendas del sector privado es necesaria para combatir la carencia de viviendas adecuadas. En ese sentido, es necesario llegar a acuerdos que permitan una interrelación coherente entre los proyectos oficiales y las expectativas del sector privado de vivienda, que incluye a constructores, bancos y propietarios de viviendas para alquiler. La sujeción de estos al plan de desarrollo nacional, pasa por otorgarles la oportunidad de aportar su experiencia en el diseño de estrategias para satisfacer la demanda.
Por último, se debe revisar la efectividad de las políticas de financiamiento. Según algunos especialistas el 90% de la población carece de acceso a las políticas de vivienda. Los precios de las viviendas las hacen inaccesibles, aún con los múltiples mecanismos previstos en la legislación, tanto para los sectores de bajos ingresos como para los de ingresos medios. En ese sentido, se debe revisar la normativa relativa al financiamiento para ajustarla a la realidad.
El desarrollo de estas propuestas debe acompañarse por el fortalecimiento de políticas que ya están en desarrollo, como la inclusión de los CTU y los Consejos Comunales en los planes de vivienda dirigidos a los sectores populares, que no solo les garantizan mayor efectividad, sino que además deja un saldo organizativo que puede favorecer el logro de mejores condiciones de vida para toda la comunidad.
Además, es importante dar continuidad a los procesos de regularización de la tenencia de la tierra urbana, pues los títulos familiares o colectivos otorgados son fundamentales para garantizar el desarrollo integral de los barrios populares, así como para evitar su incorporación a la lógica especulativa inmobiliaria. ■
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