Activistas de Derechos Humanos cuestionan posiciones del Foro por la Vida

Quienes firmamos abajo, activistas, trabajadores y trabajadoras de distintas disciplinas que hemos hecho vida en las organizaciones de derechos humanos venezolanas, y otras vinculadas o sensibilizados con el tema, damos a conocer nuestra posición frente a las declaraciones emitidas en días recientes por la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida, en torno a las víctimas y a los hechos de violencia política registradas en el marco del último proceso electoral celebrado en Venezuela, así como en torno a los resultados de dicho proceso.

Sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad ciudadana

El 16 de abril, el Foro por la Vida emitió un primer pronunciamiento, en el cual expresaba su repudio hacia “… las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas (…)” y su preocupación por “los ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente avalada por el Consejo Nacional Electoral”. Ese mismo día circulaba ya información sobre las primeras víctimas de violencia política, que incluyeron a funcionarios regionales y nacionales del CNE, a ciudadanos comunes y a trabajadores gubernamentales. Los hechos conocidos iban desde el acoso y el hostigamiento hasta la muerte. Sin embargo, de manera incomprensible, esta información pública y notoria fue omitida por el Foro.

Tardíamente, y sin contextualizar la filiación política de las víctimas de asesinatos, el pasado 18 de abril, solicitó el Foro “… una investigación expedita y transparente de las muertes ocurridas desde el cierre de la campaña electoral y en el marco de la crisis originada desde el día 14 de abril en la madrugada”. Igualmente, el Foro manifestó su “… rechazo a las expresiones de violencia e intolerancia, independientemente de donde vengan”. 

En la Carta Abierta a las organizaciones de derechos humanos de América Latina, el Foro hace alusión a las víctimas de la violencia política en segundo término, como corolario argumentativo a la descalificación de los resultados electorales, destacada con afirmaciones como éstas,: “… se ocultó deliberadamente que la negativa a la activación de un mecanismo institucional y democrático es el detonante de la crisis, abriendo cauce a la violencia” (…) “Si bien no era un acto ilegal, era políticamente torpe que, en medio de una solicitud de impugnación, fuera proclamado Nicolás Maduro como presidente del país para el período 2013-2019, lo cual aumentó la crispación de un sector importante del país”.

En cambio, sobre el llamado del ex candidato presidencial y actual Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, a drenar “la arrechera” a través de un cacerolazo, el Foro apenas menciona que: “El 15.04.13 fue convocado (se omite el hecho público y notorio de que fue Henrique Capriles quien convocó) un cacerolazo que fue acatado de manera masiva en las principales ciudades del país, así como en diversas poblaciones medianas y pequeñas y, dato significativo, en zonas populares identificadas tradicionalmente con el oficialismo”. Se omite, igualmente, que en el contexto de esas manifestaciones ocurrieron actos de violencia contra personas y bienes.

Las citas del párrafo anterior abundan en expresiones de carácter editorial y omiten información relevante, por lo que menoscaban la deseable credibilidad que deben tener organizaciones de derechos humanos que se autodefinen como autónomas, en vez de cumplir con su rol: Exigir el establecimiento de responsabilidades, condenar la violencia -independientemente de quien la promueva- y solicitar el inicio de una investigación exhaustiva, propia e imparcial. Por eso, insistimos, llegan tarde tales expresiones en la rueda de prensa del 18 de abril.

Otra importante omisión en las tres comunicaciones hechas públicas por el Foro es el hecho de que todas las víctimas mortales reportadas hasta la fecha eran simpatizantes o militantes del chavismo. No obstante, en la misma Carta.., el Foro señala que: “… hubo excesos en ambos bandos, reportándose actos de agresión, intimidación, violencia, heridos y muertos en diferentes puntos del país”.

Según información difundida por medios comunitarios, regionales, nacionales y por organismos oficiales, para el 16 de abril ya habían fallecido al menos seis personas y más de sesenta fueron heridas. Luego, la cifra de muertes aumentó a nueve. Algunos murieron mientras celebraban el triunfo electoral y otros, en el marco de acciones contra obras emblemáticas del proceso bolivariano (centros de salud, sedes del PSUV, conjuntos residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y medios comunitarios).

Como venezolanos y venezolanas formadas en el activismo de derechos humanos, nos sorprende que éste no haya sido considerado un “dato significativo”, como sí lo fue el caceroleo en zonas populares identificadas con el chavismo. Al respecto habría cabido, cuando menos, señalar la responsabilidad del Estado en torno a la protección del derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, pero también la del liderazgo político de oposición (entre quienes se cuentan funcionarios públicos con altas responsabilidades estadales de dirección), que a nuestro juicio es corresponsable de la violencia por haber instigado a sus seguidores a “drenar la arrechera” la noche del 15 de abril.

Sobre el derecho a la manifestación pacífica

En este marco de volatilidad en las calles, el Presidente Nicolás Maduro anunció la decisión de no permitir la marcha anunciada por el ex candidato Capriles hasta el centro de la ciudad para el 17 de abril, y les conminó a manifestar en otras zonas de Caracas.

La mencionada decisión presidencial es señalada por el Foro por la Vida como una suspensión “… por la vía de los hechos (de) las garantías constitucionales del derecho a la manifestación”. A nuestro juicio, la decisión se fundamenta en las limitaciones que el derecho a la manifestación pacífica encuentra tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional, en un contexto en el que han ocurrido nueve muertes de activistas bolivarianos en el marco de manifestaciones de la oposición, y que el mismo Foro por la Vida reconoce como de “alta conflictividad”. En la memoria del pueblo venezolano están frescos los hechos del 11 de abril de 2002, cuando la omisión del Estado venezolano (producto del desconocimiento de sectores golpistas de la FAN y de la PM), al no impedir que se encontraran los manifestantes de oposición con los manifestantes bolivarianos, en el centro de la ciudad, generó más de veinte muertes y sirvió de excusa para un Golpe de Estado.

La Manifestación no es un derecho absoluto. Su ejercicio puede y debe ser ponderado, en este caso, en relación con otros derechos, como la vida, la integridad, la seguridad personal. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21) como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25) coinciden en señalar que el ejercicio de este derecho está sujeto a las restricciones previstas por la ley, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger los derechos y libertades de los demás.

Sobre el desconocimiento a los resultados electorales y la solicitud realizada por la MUD y su candidato al CNE

Desde su primer Pronunciamiento del 16 de abril, el Foro se hace eco de la solicitud realizada por el candidato de la MUD, Henrique Capriles, de hacer un reconteo de votos, “… para solucionar la controversia”. A su vez, en la Carta abierta del día 18 de abril, el Foro señala que: “Después de la divulgación de los resultados el candidato Henrique Capriles impugnó los resultados…” (subrayado nuestro).

Confiando en la buena fe del Foro, tal afirmación demuestra, cuando menos, un alarmante desconocimiento de los mecanismos legales de resolución de controversias electorales en nuestro país, pues el candidato de la MUD no impugnó los resultados electorales el 14 de abril. Tal impugnación sólo es posible a través del inicio de un proceso legal que incluye la interposición de un Recurso Jerárquico ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o alguna de sus oficinas regionales, dentro de un lapso de veinte días hábiles siguientes a la realización de la elección (Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPRE, Capítulo III, de los artículos 203 al 212).

Hasta el día de hoy, la oposición no ha introducido una solicitud formal de impugnación. Lo que hizo el ex candidato Capriles fue desconocer los resultados a través de medios masivos de comunicación y exhortar a sus seguidores a drenar su descontento, en los términos ya citados. Tampoco han solicitado formalmente un reconteo de votos.

El 18 de abril, luego del lamentable saldo de muertes y hechos de violencia, una representación de la MUD introdujo al CNE una solicitud para completar hasta el 100% de los votos la auditoría ciudadana. Esta auditoría es un mecanismo regular para el 54% de los votos de un proceso electoral en Venezuela, y se realizó el mismo domingo 14 de abril. Lo que finalmente solicitó la MUD fue auditar también el otro 46% restante, requerimiento aprobado por el CNE el día 18, en una acción dirigida a aliviar las tensiones políticas, y haciendo énfasis en que esta medida extraordinaria no variará los resultados ni deslegitima la proclamación del Presidente Maduro.

Adicionalmente, el Foro solicita al CNE que “someta a consideración el acompañamiento técnico ofrecido por la Organización de Estados Americanos”. Al respecto, cabe destacar que ya hubo respaldo de acompañantes internacionales durante el proceso electoral, entre los cuáles la representación de la Unasur, los cuáles validaron la transparencia y efectividad del proceso de conteo de votos. A su vez, posteriormente la OEA, la CELAC y la totalidad de los presidentes de América Latina han reconocido la constitucionalidad plena de la proclamación del Presidente Nicolás Maduro.

Frente a estos hechos:

1.    Sostenemos que en Venezuela no existe, como afirma el Foro por la Vida en base a hechos falsos, una suspensión de garantías constitucionales de facto. Hay una situación de conflicto político generada por la negativa de un sector a aceptar los legítimos resultados electorales. Ya han sido activados mecanismos legalmente vigentes para solventar tal controversia, sin riesgo para el Estado de Derecho en Venezuela.

2.    En un escenario de conflictividad política como el que enfrentamos actualmente en Venezuela, la acción de organizaciones que afirman su autonomía en la función de defensa de los derechos humanos, debe estar signada por una posición ponderada, orientada a desarticular las causas de la violencia y a exigir  respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas en el conflicto. Lejos de aportar a esos objetivos, la posición del Foro por la Vida ante la actual coyuntura favorece de manera sesgada a quienes han convocado a la protesta violenta, desconociendo decisiones de órganos constitucionales legitimados por la observación y el acompañamiento electoral, y contribuye a invisibilizar el origen de la violencia y su trágico saldo. De ahí que consideremos oportuno convocarles a que reflexionen sobre las consecuencias de una desviación de esta naturaleza y del debilitamiento que ello supone para las acciones de defensa de derechos humanos en general.

3.  Instamos a las organizaciones de derechos humanos de América Latina y a la Comunidad Internacional en general a ponderar las informaciones  provenientes de Venezuela, contrastando las distintas fuentes, asumiendo con responsabilidad, imparcialidad y equilibrio sus pronunciamientos al respecto, en aras de contribuir al fortalecimiento de la paz, la democracia y los derechos humanos, vigentes en nuestro país.

Firman:

1. Andrés Antillano, C.I. 9.425.907. Miembro asociado a la Asamblea, Provea (2008-2012)

2. Cristóbal J. Alva Ramírez, C.I. 6.089.372. Ejecutor del área de Información e Investigación, Provea (1992-1997).

3. Ana Barrios, C.I. 5.451.122. Ejecutora del área de Educación y Equipo Coordinador, Provea (1989-1995).

4. Bryan Barrios Grafe, C.I 19.060.343. Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2007- ).

5. María Isabel Bertone, C.I. 10.046.200. Equipo Coordinador, Provea (1996-2005).

6. Álvaro Cabrera Gutiérrez, C.I. 13.240.915. Coordinador de Publicaciones y Equipo Coordinador, Provea (1995-1998). Miembro de la Asamblea, Provea (1999-2012).

7. Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016. Ejecutora del área de Información e Investigación, Equipo Coordinador, Provea (1990-1995).

8. Anaísa Castillo, C.I. 9.970.657. Comité Contra el Olvido y por la Vida.

9. Cristóbal Cornieles Perret Gentil, C.I. 10.817.524. Ejecutor del Área Jurídica, Provea (1994 -1995). Colectivo de atención integral a los trabajadores (1995-1998). Acción ciudadana contra el sida (1999-2000). Cecodap (1999-2002). Miembro consultivo, Red de apoyo por la justicia y la paz (2011-2012), asociado.

10. María Luisa de Paz, C.I. 10485987. Ejecutora de Programa del área de Defensa, Provea (1992-1995).

11. Isamar Escalona, C.I. 7.981.055. Ejecutra  del área de Educación y Responsable del programa (1999 – 2006).

12. Pablo Fernández Blanco,  C.I. 23.527.749. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1995 - 2012).

13. Manuel E. Gándara Carballido, C.I. 9823244. Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, (1997- ).

14. Angélica García, C.I. 10.349.009. Comité Contra el Olvido y por la Vida.

15. Jesús (Chucho) García, C.I. 4.168.353. Fundación Afroamérica.

16. Martha Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914. Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2011 - ).

17. Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332. Equipo Coordinador, Provea (1999 - 2005). Miembro asociado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2005 - ).

18. Enrique González, C.I. 29.525.916. Miembro de Provea (1995-1999), ACCSI (2000-2001)

19. Iván González Alvarado, C.I. 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo de Provea (1994 - 2013).

20. Maryluz Guillén Rodríguez, C.I. 11.557.841. Miembra Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2013)

21. María Paula Herrero, C.I. 14.444.733. Ejecutora del Área de Comunicación e Información, Provea (1989-1996).

22. Gabriela Malaguera González, CI. 13.538.266, Defensora de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Venezuela (2009-2012).

23. África Matute C.I. 18.011.961. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010 - 2013).

24. Elba Martínez Vargas, C.I. 6.914.739. Miembra de Amnistía Internacional, (1984-1989), Responsable del Programa de Educación en Derechos Humanos (1992-1993), Ejecutora del área de Educación, Provea (1995-1996).

25. María Alejandra Morales Hackett, C.I. 10.310.372. Coordinadora de investigaciones de campo Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (1993- 2010). Profesora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (2010-2011).

26. Vicmar Morillo Gil, CI 7.958.276. Ejecutora del área de Información e Investigación, Provea (1993-2004).

27. Terry Pastor Pacheco, C.I. 11.172.284. Miembro de áreas de educación (1996-99) y comunicación (1999-2002) de Provea. Colaborador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (2002-03). Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2003-04).

28. Ángel Palacios,  C.I. 6.976.129.  Documentalista.

29. María Teresa Quispe, C.I. 82.026.345, Wataniba.

30. Amaylin Riveros, C.I. 10.349.643. Integrante del Comité Contra el Olvido y por la Vida (1988 – 1992).

31. Maureen Riveros C.I. 6.280.434. Ejecutora del Área de Información e Investigación, Provea (1999-2006).

32. José Ángel Rodríguez Reyes, C.I. 6.295.334. Ex miembro del Equipo de Defensa, Provea.

33. María Elena Rodríguez, C.I. 6.913.399. Ejecutora del Área de Defensa, Coordinadora del Programa de Exigibilidad en DESC, Provea (1995-2007).

34. Marvelys Sifontes, C.I. 13123818. Activista de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2001).

35. Wilman Antonio Verdú Canache, C.I. 6.300.170. Centro para la Paz UCV-Monitor Observatorios de DDHH (2006). Miembro Asociado Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

36. Belkis Urdaneta Jayaro, C.I. 9.740076, Miembra de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2013)

37. Asia Villegas Poljak, C.I. 6.355.311. Equipo Fundacional de la Defensoría del Pueblo, Movimiento de Mujeres (2000-2004). Integrante de la Comisión de DDHH del extinto Congreso (1995 al 2000), Coordinadora de la Comisión de DDHH de la Asamblea Constituyente.

38. Ileana Ruiz, C.I. 6.084.832. Educadora y Comunicadora Social, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1987 hasta la fecha).

39. Soraya El Achkar G., C.I. 8.505.722. Fundadora y miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1985- ).

Enlaces a pronunciamientos del Foro por la Vida:

Pronunciamiento del Foro por la Vida ante hechos relacionados con las elecciones del 14 de abril

http://foroporlavida.blogspot.com/2013/04/pronunciamiento-del-foro-por-la-vida.html

Carta abierta a las organizaciones de derechos humanos de América Latina

http://foroporlavida.blogspot.com/2013/04/carta-abierta-las-organizaciones-de.html

Foro por la vida solicita Investigar hechos de violencia; rechaza suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales; y exige garantizar derecho de contar todos los votos

http://foroporlavida.blogspot.com/2013/04/investigar-hechos-de-violencia-rechaza.html

¿Pañuelos manchados? ¿Por quién?

(Respuesta al artículo “Pañuelos manchados” de Pablo Stefanoni publicado en Rebelión y en Aporrea).

Por María Isabel Bertone

Pablo Stefanoni titula una nota sobre Madres de Plaza de Mayo sugiriendo desde el vamos que “[Los] Pañuelos [están] manchados”.

En sentido contrario y también de entrada yo afirmo –como miles en este país– que los pañuelos no están manchados, salvo por la sangre de las mismas Madres, que siempre pusieron su cuerpo en la defensa de sus ideas. (Quien quiera que viva o visite la ciudad de Buenos Aires, puede ver en el recientemente inaugurado “Museo del Bicentenario”, el pañuelo –manchado con su sangre– que Hebe de Bonafini llevaba el 20 de febrero de 1996, día de la represión a estudiantes en la ciudad de La Plata, cedido para su exposición a dicho Museo).

Igualmente desde el vamos diré –aunque sea catalogada de “militante ultra k”, que no lo soy– que “El escándalo Schoklender” (que tiene una base objetiva, nadie pretende negarlo, como se verá más adelante), es una operatoria diseñada y amplificada por los medios hegemónicos hasta el cansancio, con tapas y titulares de catástrofe, que forma parte de un deliberado plan de daños cuyos eslabones serían: debilitar primero la credibilidad de Hebe, a través de ella la de Madres, después extenderla a otros organismos de ddhh, luego a la Presidenta Cristina y por último a la Política de Estado de Derechos Humanos implementada por ambas administraciones Kirchner. Objetivo final: afectar la reelección de Cristina, pues de lograrse eso, se facilitaría el regreso a la impunidad (de los militares y de los civiles cómplices del genocidio, entre ellos los grandes medios de comunicación) y también regresaría a la política la visión neoliberal de “achique del Estado” y “Ajuste” sobre la población. No estoy fabulando: uno de los referentes de la derecha endógena, Eduardo Duhalde, ya anunció que, de ganar, habría que “derogar la Ley de Medios” y que en la sociedad argentina deben poder convivir “el que quiere a Videla con el que no lo quiere”. Otro propagandista de estas posturas, el periodista Chiche Gelblung (dirigía la revista Gente durante la dictadura desde la que se constituyó en vocero de la misma) preguntaba hace poco en su programa de radio alrededor de la fecha del 24 de marzo: “Ché, ¿qué pasó el 24 de marzo? ¿Por qué es feriado el 24 de marzo?”. Y también el actual candidato Alfonsín habla de “basta de derroche” aludiendo al tema de la construcción de viviendas (Debe decirse que en 8 años de ambas administraciones Kirchner se construyeron 800.000 unidades, de las cuales un porcentaje menor corresponde al emprendimiento de Madres de Plaza de Mayo, ejecutado por otra parte con intendencias –alcaldías para Venezuela– y gobernaciones elegidas por el voto popular, o sea, de variado signo político).

Dicho lo anterior, es de público conocimiento, que para la justicia hay indicios suficientes como para investigar a Sergio Schoklender por delitos graves (el juez interviniente en la causa prohibió su salida del país, entre otras medidas), pero muy pocos dicen (el artículo que analizo lo calla) que en esa investigación las Madres figuran como “damnificadas” de los procedimientos delictivos de Schoklender. Repítase hasta el cansancio: las Madres de Plaza de Mayo no están siendo investigadas y según últimas informaciones se presentarán ante la justicia como querellantes contra los Schoklender. “Si tienen que ir presos, que vayan” –dijo Hebe de Bonafini recientemente. Nadie pretende “meter la basura debajo de la alfombra”, como dice el articulista. Ni el gobierno, ni diferentes ámbitos de la justicia y de los órganos contralores, ni Hebe, ni yo, ni ninguna de las innumerables personas que abrazaron a Hebe y a las Madres a raíz de este episodio. “Que se investiguen a las personas que se tengan que investigar”, es el clamor de toda/os. Y se está investigando. Como educadora en ddhh que soy y desde donde analizo la realidad y este hecho en particular, cabe decir que a Sergio Schoklender le alcanza también la garantía del derecho a la justicia que es la presunción de inocencia. Por ello, será la justicia quien deberá decir cuáles son los delitos que cometió y cuáles los alcances de los mismos.

También quisiera decir que no sabemos cuántos son los  “muchos militantes y antiguos compañeros de ruta [que, según el texto de Stefanoni] abandonaron sus lugares en espacios como la Universidad de las Madres … ”. Pero sí sé que somos muchísimos la/os que colaboramos con proyectos que son y serán hitos educativos en la Historia de este país, como la Radio y la Universidad. Y también me consta que el número de personas que sigue abrazando a las Madres y así lo hizo en la marcha del último jueves, creció, y no se aparta de ellas porque no hay mancha de la que apartarse. Respecto del Proyecto de inclusión social llamado “Sueños compartidos”,  uno de cuyos componentes es la autoconstrucción de viviendas con obrera/os registrada/os, bancarizada/os y protegida/os por las leyes laborales de este país, amerita una respuesta en una segunda entrega.

Ahora quiero referirme a lo que considero el corazón de este artículo cuando dice: “…Hebe Bonafini (…) tuvo un golpe de amor por Néstor y Cristina, pasando a militar entre los más ortodoxos kirchneristas. En cada acto K, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ocupan la primera fila, los ‘sueños’ siempre están dentro del Palacio…”.

Fíjense lo que señalaba al principio: ya no es sólo Madres las que “ocupan la primera fila” …Abuelas también. ¿Y qué carajo tiene que ver Schocklender con Abuelas? ¡Nada! Pero es lo que señalaba al principio: manchemos a Madres y también caerán Abuelas. El mismo artículo las menciona juntas, no es teoría conspirativa ni estoy enceguecida por mi “militancia ultra K”.

“¡Golpe de amor?” !Qué liviandad! ¡Y cómo no se iban a subir al palco de dos presidentes que diseñaron y ejecutaron una Política de Estado de Derechos Humanos y de lucha contra la impunidad  que es mencionada como ejemplar en los foros internacionales de ddhh! ¡Cómo no se iban a dejar abrazar por un Presidente que dijo sentirse hijo de ellas! ¡Cómo no entrar de la mano de ese/a Presidente/a a las mazmorras donde habían asesinado a sus hija/os, para transformarlas en Museos de la Memoria o en espacios de Vida y Arte como parte de esa misma Política! ¿No vemos lo que le cuesta a pueblos hermanos como Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, avanzar contra la impunidad y en contrario, lo logrado por nosotros? Por la inclaudicable lucha y méritos de Madres, de Abuelas, de Hijos, de Hermanos, de organismos, sí. Pero también porque hubo un gobierno que asumió en nombre del Estado argentino la responsabilidad estatal de luchar contra esa impunidad –principio esencial de la doctrina de derechos humanos– y la llevó a la práctica diseñando una Política que tuvo en la anulación de las leyes de la impunidad y en la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, dos hitos fundamentales, por sólo mencionar dos.

¿De qué cooptación me hablan? ¿En nombre de qué purismo un/a militante de derechos humanos no puede reconocer cuando un gobierno o un Estado hace lo que tiene que hacer por mandato constitucional y supra nacional? Recomendaría a Pablo Stefanoni que tome un curso de educación en derechos humanos de los tantos y tan buenos que hay en toda Latinoamérica antes de hablar de lo que no maneja. Muy cerca de su razonamiento y como parte de la campaña de la que hablo, está el pensamiento del Sr. Jorge Lanata, que dice que la cooptación de los organismos de ddhh comenzó en los 90 en el gobierno de Menem, llamando “subsidios” a lo que fueron legítimas reparaciones pecuniarias logradas por las víctimas del Terrorismo de Estado. En Argentina es de público conocimiento que justamente a raíz del cobro o no cobro de esta legítima reivindicación (no es un “subsidio”, Lanata, se llama “derecho a la reparación de las víctimas” ) las Madres de Plaza de Mayo, entre otros motivos, se dividieron, y fue justamente el grupo que lidera Hebe el que se negó a cobrarlas porque consideraron que no se podía poner precio a la sangre de sus hijos.

A pesar de esas diferencias, Madres de los dos grupos, Abuelas, y otros organismos de derechos humanos, incluso aquella/os que en los 24 de marzo (Día de la Memoria, aniversario del Golpe de Estado) marchan junto a las organizaciones de izquierda críticas al gobierno, ninguno de esos grupos, repito, tuvo pruritos en “subirse al palco” y abrazarse con Néstor o con Cristina. Lo hizo Hebe. Lo hizo Taty Almeida. Lo hizo Estela de Carlotto. Y muchas personas más. Ninguna de ellas ni esos organismos está cooptado. Porque no perdieron autonomía; porque no dejaron de decir lo que creían debía decirse, ni dejaron de continuar con sus demandas de Verdad y Justicia cuando lo consideraron, ni de acercarse a otras víctimas solidariamente como los pueblos originarios. Lo hacen porque, a pesar de sus matices y diferencias que las hay como en todo grupo humano, sienten y saben que en 20 años de democracia (1983-2003), con la excepción del brevísimo período del Juicio a las Juntas, fueron apaleadas, ninguneadas, no escuchadas, desvalorizadas, y sobre todo no respondidas sus demandas de Verdad y Justicia. Y que a partir de la asunción al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 se produce un vuelco copernicano en esta materia. Y hay que decir que esta Política de Estado incluyó no sólo a los derechos civiles y políticos sino también a los derechos económicos, sociales y culturales, pudiendo mencionar la Asignación Universal por Hijo, la reestatización de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la Política inmigratoria, la firma de cientos de convenciones colectivas de trabajo como otros tantos hitos de la misma. Y esto lo sabe y lo reconoce también y tampoco tiene prurito en hacerlo, otro organismo tan prestigioso como los anteriores, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En la presentación de su Informe Anual correspondiente a este año lo escuché de boca de su presidente Horacio Verbistky y de su Director Gastón Schillier, aunque también señalaron todo lo que faltaba por hacer, que nadie dice que vivimos en el Paraíso.

Pero Verbistky (uno de los mejores periodistas de investigación de este país, con obra publicada numerosa y contundente) también es alcanzado por la descalificación de Stefanoni. Sostiene que “en tiempos de campaña electoral la tarea de los periodistas K es actuar como activistas políticos”. Otra vez la misma operación: pretender descalificar con el agregado  “K” a todo aquel que opine bien de alguna actuación del gobierno o del gobierno en general. “Periodistas K, Piqueteros K, Intelectuales K, artistas K”, dicta la pauta de estilo (escrita o implícita) del monopolio Clarín, que por lo visto también asume Stefanoni. Y continúa: “Es el caso de Página/12, que hace días usó toda la tapa del diario para denunciar el contenido del último libro de Beatriz Sarlo sobre Kirchner (La audacia  y el cálculo). El periodista Horacio Verbitsky usó así al diario con un solo objetivo: mostrar que Kirchner sí fue un luchador por los derechos humanos bajo la dictadura, algo a lo que no podría demostrar ni estirando la imaginación hasta el infinito. La mayor "prueba" es la foto de Kirchner hablando contra la dictadura en… 1983; es decir, cuando ya todo estaba decidido”.

Para quienes de verdad quieran informarse recomiendo leer el artículo de Verbistky que considero excelente. (Acá va el link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-169052-2011-05-29.html). En el mismo, Verbistky “no denuncia” (¿qué significa denunciar un libro?) sino que polemiza con los argumentos vertidos por Beatriz Sarlo en el libro aludido. En el debate de ideas que está en curso en la sociedad argentina actual esa polémica es imprescindible y considero excelente que Página 12 (periódico que desde su fundación le ha dado a la reivindicación de LA MEMORIA un lugar primordial) le haya dado la centralidad que le dio. Lean ustedes por lo menos el fragmento titulado “Derechos y humanos” y verán que la sobre simplificación que de todo el artículo hace Stefanoni es una ofensa a la inteligencia de sus lectora/es.

Termino entonces preguntándole al Sr. Stefanoni usando su mismo razonamiento: en tiempos de campaña electoral, ¿qué funcionalidad tiene un artículo como el suyo?

marisabertone@gmail.com

“Nos encontramos ante la crisis de un patrón civilizatorio”

Entrevista a Edgardo Lander (II Parte)

En esta segunda entrega, Lander enfatiza en los problemas que la concepción actual de la ciencia y la tecnología tienen para ofrecer soluciones a la crisis ambiental global, así como la que enfrenta el pensamiento occidental, predominante en los organismos internacionales, para poder ofrecer alternativas a la desigualdad en la apropiación de los bienes comunes de la humanidad y sus consecuencias.

(Tomado de: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Seminario Internacional “Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y la Protección de los Derechos Sociales”. Experiencias, Perspectivas y Desafíos. Caracas, 2010. Pp. 20-30.)


Usted también hacía referencia en su ponencia a que existe un orden político-institucional internacional que está deslegitimado e incapacitado para actuar frente a la situación que usted viene describiendo, así pues, ¿existe alguna perspectiva de que esto evolucione en un sentido positivo, o de una transformación?

Yo creo que aquí nos encontramos ante un reto humano absolutamente exigente y difícil, que yo lo llamaría el reto del tiempo histórico, y creo que se nos está acabando el tiempo; y esto es uno de los asuntos que constituye, o de los aspectos circundantes, de lo que yo llamo una nueva época histórica. En los imaginarios tanto liberales como socialistas que han sido hegemónicos ha habido una noción de acuerdo a la cual el tiempo es una especie de bien infinito, que está ahí, que el tiempo es a futuro; esto se expresa en la misma idea del progreso, la idea de desarrollo, la idea de revolución, incluso en la expresión “el tiempo nos pertenece”, en fin, que el tiempo parece no tener límites. Pero resulta que el tiempo hoy tiene límites, porque la lógica depredadora destructiva está operando con tal potencia, en relación a un planeta que se nos hace pequeño, que si no hay una reversión a relativamente corto plazo de estas tendencias depredadoras vamos a llegar a una situación de destrucción.

Esta última tiene por supuesto una dimensión fundamental, que tiene que ver con la destrucción de las capacidades productivas del sistema Tierra, pero tiene que ver también con la relación entre los seres humanos, con las profundas desigualdades existentes, con las profundas exclusiones, con el hecho de que el impacto de la destrucción ambiental tenga efectos profundamente desiguales en los diferentes sectores de la población, con el hecho de que un cambio de dos o tres grados de temperatura en África es la diferencia entre la vida y la muerte para centenares de millones de campesinos que dejan de tener acceso a suficiente agua para los cultivos. Todo esto implica también una situación en la que se seguirán acelerando y haciendo cada vez más frecuentes tanto las guerras por la apropiación de las condiciones de la vida, como la situación de creciente militarización y represión sobre las migraciones, sobre personas que no tienen más remedio que migrar porque en los territorios donde viven no tienen las condiciones para seguir viviendo. Todo esto está pasando hoy, y está pasando con creciente fuerza y velocidad.

[En este contexto,] nuestra institución global más importante no es necesariamente Naciones Unidas, mucho más importante que ésta son los organismos financieros internacionales, la Organización Mundial de Comercio y la OTAN, por ejemplo, que son mucho más decisorias sobre el futuro de la humanidad que lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas, que puede decir y desdecir lo que quiera y eso no tiene incidencia alguna, más allá del reconocimiento de una opinión.

Uno de los ámbitos donde uno puede ver los desbalances entre las institucionalidades existentes y los retos que confrontamos, es en la forma como se está manejando el tema del cambio climático. Si uno ve todo el proceso de diagnóstico que hace el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, las negociaciones que condujeron a Kioto, su cumplimiento o no cumplimiento y los efectos e impactos del mismo, lo que fueron las negociaciones conducentes a la Conferencia de Copenhague y sus resultados, uno ve que ésta es una agenda que está absolutamente dominada por una forma de pensar los temas de la crisis del clima planetario fundamentalmente en los siguientes términos: un reconocimiento serio y real de que la situación es insostenible, de que requiere remedio, alternativas, de que la acción humana y la forma como se impacta el clima a través de la generación de gases que producen el efecto invernadero está creando severas amenaza a la vida, pero todo bajo el supuesto de que es posible (sin repensar las nociones de desarrollo, de bienestar y de progreso), tomar algunas medidas de naturaleza de cambio tecnológico y de incentivos de mercado que sean capaces de orientar el proceso para resolver los problemas. Y esto tiene que ver con el diagnóstico que, sin embargo, es un diagnóstico absolutamente chato y unidimensional, es decir, cuando se habla de cambio climático pareciera que se estuviese hablando exclusivamente del aumento de la temperatura de la atmósfera.

En definitiva, lo que quiero argumentar es lo siguiente: yo creo que nos encontramos ante la crisis de un patrón civilizatorio, con todo lo que ello implica, un patrón de conocimiento, un patrón de subjetividad humana, un patrón de noción de lo que es la riqueza, de lo que es la economía… Todo eso, es insostenible.

Toda la negociación que se está dando a propósito del cambio climático se está haciendo al interior de este patrón civilizatorio, sin cuestionar ninguno de estos supuestos. No se cuestiona que hay que seguir creciendo, no se cuestiona la noción de bienestar asociada a la acumulación material, no se cuestiona el carácter objetivo y universal de esta ciencia y esta tecnología como los instrumentos principales que nos van a dar la posibilidad de respuesta a estos problemas, no se cuestiona que el mercado es el mecanismo fundamental mediante el cual es posible dar una respuesta; se dice que lo que hace falta son incentivos y precios, con políticas públicas y acuerdos internacionales que hagan que las empresas encuentren que sea más negocio [utilizar] energías verdes y alternativas que la energía petrolera. No se cuestiona que, es este patrón civilizatorio, este patrón de conocimiento, el que está en crisis.

Entonces, si uno compara el discurso, los acuerdos y los supuestos de lo que está en esta dirección, con lo que ocurrió en la Cumbre de Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, uno se da cuenta de que hay dos nociones del mundo diferentes; es decir, lo que está en juego no es simplemente que en los acuerdos las emisiones se reduzcan de tanto a tanto, se trata de otra cosa. Se trata de decir: “vamos a repensar esto”. ¿Qué pasa si pensamos que una noción antropocéntrica de los derechos ya no vale?, ¿qué pasa si consideramos que formamos parte de un sistema, que es la Tierra, y que sin la sobrevivencia de ésta y sin la preservación de sus condiciones de reproducción saludable –llamémosla o no Madre Tierra– no es posible la preservación de la vida en el planeta?, ¿qué pasa si la ciencia y la tecnología que se ha desarrollado en estos 500 años de creciente hegemonía de este patrón occidental capitalista, son una ciencia y una tecnología que están montadas sobre supuestos de control y dominación, de exterioridad y objetivación de la naturaleza, y que ese patrón de conocimiento es un aspecto medular del problema y no de la solución? En fin, que necesitamos otro patrón de conocimiento, uno que no esté montado, como lo concibió Bacon, como una noción de que “saber es poder”, saber sobre la naturaleza es poder sobre la naturaleza, que la función de la ciencia y la tecnología es prever para transformar, dominar, aplastar, someter, explotar la naturaleza, lo que representa una declaración de guerra de los seres humanos contra la naturaleza, y que estamos en una de las batallas finales de esa guerra y que, cuando terminemos de matar a la naturaleza será la historia final y la muerte de todo.

Entonces, en este sentido es que digo que estamos ante un asunto civilizatorio, un asunto de los supuestos básicos, algunos de los cuales vienen desde los inicios de la propiedad, desde los inicios de la propia cultura occidental en génesis. En la Biblia se establece una separación, muy particular de la tradición judeo-cristiana, entre lo humano, lo divino y lo natural, que no es lo común en nuestras culturas; es decir, está Dios, que creó la naturaleza, creó a los seres humanos, para explotar la naturaleza, y ésta es una especie de creación para que el hombre tenga sustento; pero, la naturaleza no es sagrada en esta cosmología, como sí lo es en otras. Es cierto que existen otras interpretaciones posibles; hoy existe una teología cristiana otra, como la de Leonardo Boff por ejemplo, que desde la visión cristiana hace una reinterpretación totalmente diferente, pero no cabe duda que la interpretación que ha sido hegemónica en la historia del cristianismo y del pensamiento judeo-cristiano ha sido esta noción de la naturaleza como objeto, como cosa, para ser sometida y que, cuando esta visión fue secularizada en los inicios de la ciencia moderna se convirtió en algo mucho más radical, en una objetivación radicalista.

Entonces, mientras no reconozcamos esta dimensión civilizatoria de esta noción de los seres humanos sometiendo, apropiándose, en función del crecimiento, del progreso, las propuestas surgidas de las negociaciones seguirán inscritas en la misma lógica que, lejos de solucionar los problemas lo que hacen es acentuarlos, como por ejemplo las pretensiones de resolver el problema de la producción de energía con una supuesta fuente alternativa, los combustibles de origen orgánico o biocombustibles.

A diferencia de lo que decía Hayek, que mientras unos se hacen más ricos están dando el ejemplo de lo que los que están excluidos van a ser en el futuro, hoy por el contrario, porque hemos sobrepasado los límites del planeta, este juego suma cero implica que mientras unos se hacen más ricos otros se hacen más pobres, mientras unos derrochan más otros se mueren de hambre.

Entonces, esa situación hace que el tema de las relaciones de poder entre unos y otros, el tema de la institucionalidad global, se coloque en primer plano porque no hay respuesta posible a los retos de la sobrevivencia de la humanidad sin una radical redistribución del acceso a los bienes comunes. El tema de la desigualdad no es sólo un asunto ético, moral o de aspiración de gente que tenga valores por la igualdad; estas profundas desigualdades, necesariamente, hacen que haya inmensas proporciones de la población humana que no tienen capacidad de acceso a las condiciones mínimas de la vida, y esta proporción de la humanidad hará lo posible por sobrevivir, y si para sobrevivir tienen que atravesar desiertos y llegar en las condiciones que sea a los lugares donde la vida es posible, lo harán; y si esto lleva a la muerte, a la militarización de fronteras y al hundimiento de barcos en el Mediterráneo, [entonces], la gente, entre morirse pasivamente, y tener alguna posibilidad de sobrevivir estos enfrentamientos y estas barreras, pensará que por lo menos vale la pena apostar por la vida y no resignarse a morir en el lugar donde no tiene condiciones de vida. Es una situación en que la violencia, la guerra y la represión y este régimen de apartheid social son casi inevitables; es decir, estamos caminando hacia eso, y esto es estructural, no es problema de una política de algún u otro gobernante, no es un problema de que Berlusconi, por ejemplo, sea de derecha y esté implementando unas leyes particularmente racistas en Italia. No se trata de eso, es un asunto estructural, de la profundidad de las diferencias y la imposibilidad de resolver los problemas desde una transformación profunda de las condiciones de apropiación desigual.

Y este tema, el de las condiciones desiguales de apropiación, el tema de la redistribución, no está en la agenda. Si tú lees cuanto documento quieras de Naciones Unidas o cualquier otro organismo internacional, te darás cuenta que el tema de la redistribución simplemente no está, porque significa tocar cosas que desde el poder no se quieren tocar, simplemente.


Edgardo Lander es uno de los más destacados pensadores y autores sobre la izquierda en Venezuela. Es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, profesor titular de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y docente investigador del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Sociología de dicha universidad.