Activistas de Derechos Humanos cuestionan posiciones del Foro por la Vida

Quienes firmamos abajo, activistas, trabajadores y trabajadoras de distintas disciplinas que hemos hecho vida en las organizaciones de derechos humanos venezolanas, y otras vinculadas o sensibilizados con el tema, damos a conocer nuestra posición frente a las declaraciones emitidas en días recientes por la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida, en torno a las víctimas y a los hechos de violencia política registradas en el marco del último proceso electoral celebrado en Venezuela, así como en torno a los resultados de dicho proceso.

Sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad ciudadana

El 16 de abril, el Foro por la Vida emitió un primer pronunciamiento, en el cual expresaba su repudio hacia “… las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas (…)” y su preocupación por “los ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente avalada por el Consejo Nacional Electoral”. Ese mismo día circulaba ya información sobre las primeras víctimas de violencia política, que incluyeron a funcionarios regionales y nacionales del CNE, a ciudadanos comunes y a trabajadores gubernamentales. Los hechos conocidos iban desde el acoso y el hostigamiento hasta la muerte. Sin embargo, de manera incomprensible, esta información pública y notoria fue omitida por el Foro.

Tardíamente, y sin contextualizar la filiación política de las víctimas de asesinatos, el pasado 18 de abril, solicitó el Foro “… una investigación expedita y transparente de las muertes ocurridas desde el cierre de la campaña electoral y en el marco de la crisis originada desde el día 14 de abril en la madrugada”. Igualmente, el Foro manifestó su “… rechazo a las expresiones de violencia e intolerancia, independientemente de donde vengan”. 

En la Carta Abierta a las organizaciones de derechos humanos de América Latina, el Foro hace alusión a las víctimas de la violencia política en segundo término, como corolario argumentativo a la descalificación de los resultados electorales, destacada con afirmaciones como éstas,: “… se ocultó deliberadamente que la negativa a la activación de un mecanismo institucional y democrático es el detonante de la crisis, abriendo cauce a la violencia” (…) “Si bien no era un acto ilegal, era políticamente torpe que, en medio de una solicitud de impugnación, fuera proclamado Nicolás Maduro como presidente del país para el período 2013-2019, lo cual aumentó la crispación de un sector importante del país”.

En cambio, sobre el llamado del ex candidato presidencial y actual Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, a drenar “la arrechera” a través de un cacerolazo, el Foro apenas menciona que: “El 15.04.13 fue convocado (se omite el hecho público y notorio de que fue Henrique Capriles quien convocó) un cacerolazo que fue acatado de manera masiva en las principales ciudades del país, así como en diversas poblaciones medianas y pequeñas y, dato significativo, en zonas populares identificadas tradicionalmente con el oficialismo”. Se omite, igualmente, que en el contexto de esas manifestaciones ocurrieron actos de violencia contra personas y bienes.

Las citas del párrafo anterior abundan en expresiones de carácter editorial y omiten información relevante, por lo que menoscaban la deseable credibilidad que deben tener organizaciones de derechos humanos que se autodefinen como autónomas, en vez de cumplir con su rol: Exigir el establecimiento de responsabilidades, condenar la violencia -independientemente de quien la promueva- y solicitar el inicio de una investigación exhaustiva, propia e imparcial. Por eso, insistimos, llegan tarde tales expresiones en la rueda de prensa del 18 de abril.

Otra importante omisión en las tres comunicaciones hechas públicas por el Foro es el hecho de que todas las víctimas mortales reportadas hasta la fecha eran simpatizantes o militantes del chavismo. No obstante, en la misma Carta.., el Foro señala que: “… hubo excesos en ambos bandos, reportándose actos de agresión, intimidación, violencia, heridos y muertos en diferentes puntos del país”.

Según información difundida por medios comunitarios, regionales, nacionales y por organismos oficiales, para el 16 de abril ya habían fallecido al menos seis personas y más de sesenta fueron heridas. Luego, la cifra de muertes aumentó a nueve. Algunos murieron mientras celebraban el triunfo electoral y otros, en el marco de acciones contra obras emblemáticas del proceso bolivariano (centros de salud, sedes del PSUV, conjuntos residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y medios comunitarios).

Como venezolanos y venezolanas formadas en el activismo de derechos humanos, nos sorprende que éste no haya sido considerado un “dato significativo”, como sí lo fue el caceroleo en zonas populares identificadas con el chavismo. Al respecto habría cabido, cuando menos, señalar la responsabilidad del Estado en torno a la protección del derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, pero también la del liderazgo político de oposición (entre quienes se cuentan funcionarios públicos con altas responsabilidades estadales de dirección), que a nuestro juicio es corresponsable de la violencia por haber instigado a sus seguidores a “drenar la arrechera” la noche del 15 de abril.

Sobre el derecho a la manifestación pacífica

En este marco de volatilidad en las calles, el Presidente Nicolás Maduro anunció la decisión de no permitir la marcha anunciada por el ex candidato Capriles hasta el centro de la ciudad para el 17 de abril, y les conminó a manifestar en otras zonas de Caracas.

La mencionada decisión presidencial es señalada por el Foro por la Vida como una suspensión “… por la vía de los hechos (de) las garantías constitucionales del derecho a la manifestación”. A nuestro juicio, la decisión se fundamenta en las limitaciones que el derecho a la manifestación pacífica encuentra tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional, en un contexto en el que han ocurrido nueve muertes de activistas bolivarianos en el marco de manifestaciones de la oposición, y que el mismo Foro por la Vida reconoce como de “alta conflictividad”. En la memoria del pueblo venezolano están frescos los hechos del 11 de abril de 2002, cuando la omisión del Estado venezolano (producto del desconocimiento de sectores golpistas de la FAN y de la PM), al no impedir que se encontraran los manifestantes de oposición con los manifestantes bolivarianos, en el centro de la ciudad, generó más de veinte muertes y sirvió de excusa para un Golpe de Estado.

La Manifestación no es un derecho absoluto. Su ejercicio puede y debe ser ponderado, en este caso, en relación con otros derechos, como la vida, la integridad, la seguridad personal. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21) como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25) coinciden en señalar que el ejercicio de este derecho está sujeto a las restricciones previstas por la ley, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger los derechos y libertades de los demás.

Sobre el desconocimiento a los resultados electorales y la solicitud realizada por la MUD y su candidato al CNE

Desde su primer Pronunciamiento del 16 de abril, el Foro se hace eco de la solicitud realizada por el candidato de la MUD, Henrique Capriles, de hacer un reconteo de votos, “… para solucionar la controversia”. A su vez, en la Carta abierta del día 18 de abril, el Foro señala que: “Después de la divulgación de los resultados el candidato Henrique Capriles impugnó los resultados…” (subrayado nuestro).

Confiando en la buena fe del Foro, tal afirmación demuestra, cuando menos, un alarmante desconocimiento de los mecanismos legales de resolución de controversias electorales en nuestro país, pues el candidato de la MUD no impugnó los resultados electorales el 14 de abril. Tal impugnación sólo es posible a través del inicio de un proceso legal que incluye la interposición de un Recurso Jerárquico ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o alguna de sus oficinas regionales, dentro de un lapso de veinte días hábiles siguientes a la realización de la elección (Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPRE, Capítulo III, de los artículos 203 al 212).

Hasta el día de hoy, la oposición no ha introducido una solicitud formal de impugnación. Lo que hizo el ex candidato Capriles fue desconocer los resultados a través de medios masivos de comunicación y exhortar a sus seguidores a drenar su descontento, en los términos ya citados. Tampoco han solicitado formalmente un reconteo de votos.

El 18 de abril, luego del lamentable saldo de muertes y hechos de violencia, una representación de la MUD introdujo al CNE una solicitud para completar hasta el 100% de los votos la auditoría ciudadana. Esta auditoría es un mecanismo regular para el 54% de los votos de un proceso electoral en Venezuela, y se realizó el mismo domingo 14 de abril. Lo que finalmente solicitó la MUD fue auditar también el otro 46% restante, requerimiento aprobado por el CNE el día 18, en una acción dirigida a aliviar las tensiones políticas, y haciendo énfasis en que esta medida extraordinaria no variará los resultados ni deslegitima la proclamación del Presidente Maduro.

Adicionalmente, el Foro solicita al CNE que “someta a consideración el acompañamiento técnico ofrecido por la Organización de Estados Americanos”. Al respecto, cabe destacar que ya hubo respaldo de acompañantes internacionales durante el proceso electoral, entre los cuáles la representación de la Unasur, los cuáles validaron la transparencia y efectividad del proceso de conteo de votos. A su vez, posteriormente la OEA, la CELAC y la totalidad de los presidentes de América Latina han reconocido la constitucionalidad plena de la proclamación del Presidente Nicolás Maduro.

Frente a estos hechos:

1.    Sostenemos que en Venezuela no existe, como afirma el Foro por la Vida en base a hechos falsos, una suspensión de garantías constitucionales de facto. Hay una situación de conflicto político generada por la negativa de un sector a aceptar los legítimos resultados electorales. Ya han sido activados mecanismos legalmente vigentes para solventar tal controversia, sin riesgo para el Estado de Derecho en Venezuela.

2.    En un escenario de conflictividad política como el que enfrentamos actualmente en Venezuela, la acción de organizaciones que afirman su autonomía en la función de defensa de los derechos humanos, debe estar signada por una posición ponderada, orientada a desarticular las causas de la violencia y a exigir  respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas en el conflicto. Lejos de aportar a esos objetivos, la posición del Foro por la Vida ante la actual coyuntura favorece de manera sesgada a quienes han convocado a la protesta violenta, desconociendo decisiones de órganos constitucionales legitimados por la observación y el acompañamiento electoral, y contribuye a invisibilizar el origen de la violencia y su trágico saldo. De ahí que consideremos oportuno convocarles a que reflexionen sobre las consecuencias de una desviación de esta naturaleza y del debilitamiento que ello supone para las acciones de defensa de derechos humanos en general.

3.  Instamos a las organizaciones de derechos humanos de América Latina y a la Comunidad Internacional en general a ponderar las informaciones  provenientes de Venezuela, contrastando las distintas fuentes, asumiendo con responsabilidad, imparcialidad y equilibrio sus pronunciamientos al respecto, en aras de contribuir al fortalecimiento de la paz, la democracia y los derechos humanos, vigentes en nuestro país.

Firman:

1. Andrés Antillano, C.I. 9.425.907. Miembro asociado a la Asamblea, Provea (2008-2012)

2. Cristóbal J. Alva Ramírez, C.I. 6.089.372. Ejecutor del área de Información e Investigación, Provea (1992-1997).

3. Ana Barrios, C.I. 5.451.122. Ejecutora del área de Educación y Equipo Coordinador, Provea (1989-1995).

4. Bryan Barrios Grafe, C.I 19.060.343. Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2007- ).

5. María Isabel Bertone, C.I. 10.046.200. Equipo Coordinador, Provea (1996-2005).

6. Álvaro Cabrera Gutiérrez, C.I. 13.240.915. Coordinador de Publicaciones y Equipo Coordinador, Provea (1995-1998). Miembro de la Asamblea, Provea (1999-2012).

7. Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016. Ejecutora del área de Información e Investigación, Equipo Coordinador, Provea (1990-1995).

8. Anaísa Castillo, C.I. 9.970.657. Comité Contra el Olvido y por la Vida.

9. Cristóbal Cornieles Perret Gentil, C.I. 10.817.524. Ejecutor del Área Jurídica, Provea (1994 -1995). Colectivo de atención integral a los trabajadores (1995-1998). Acción ciudadana contra el sida (1999-2000). Cecodap (1999-2002). Miembro consultivo, Red de apoyo por la justicia y la paz (2011-2012), asociado.

10. María Luisa de Paz, C.I. 10485987. Ejecutora de Programa del área de Defensa, Provea (1992-1995).

11. Isamar Escalona, C.I. 7.981.055. Ejecutra  del área de Educación y Responsable del programa (1999 – 2006).

12. Pablo Fernández Blanco,  C.I. 23.527.749. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1995 - 2012).

13. Manuel E. Gándara Carballido, C.I. 9823244. Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, (1997- ).

14. Angélica García, C.I. 10.349.009. Comité Contra el Olvido y por la Vida.

15. Jesús (Chucho) García, C.I. 4.168.353. Fundación Afroamérica.

16. Martha Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914. Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2011 - ).

17. Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332. Equipo Coordinador, Provea (1999 - 2005). Miembro asociado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2005 - ).

18. Enrique González, C.I. 29.525.916. Miembro de Provea (1995-1999), ACCSI (2000-2001)

19. Iván González Alvarado, C.I. 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo de Provea (1994 - 2013).

20. Maryluz Guillén Rodríguez, C.I. 11.557.841. Miembra Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2013)

21. María Paula Herrero, C.I. 14.444.733. Ejecutora del Área de Comunicación e Información, Provea (1989-1996).

22. Gabriela Malaguera González, CI. 13.538.266, Defensora de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Venezuela (2009-2012).

23. África Matute C.I. 18.011.961. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010 - 2013).

24. Elba Martínez Vargas, C.I. 6.914.739. Miembra de Amnistía Internacional, (1984-1989), Responsable del Programa de Educación en Derechos Humanos (1992-1993), Ejecutora del área de Educación, Provea (1995-1996).

25. María Alejandra Morales Hackett, C.I. 10.310.372. Coordinadora de investigaciones de campo Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (1993- 2010). Profesora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (2010-2011).

26. Vicmar Morillo Gil, CI 7.958.276. Ejecutora del área de Información e Investigación, Provea (1993-2004).

27. Terry Pastor Pacheco, C.I. 11.172.284. Miembro de áreas de educación (1996-99) y comunicación (1999-2002) de Provea. Colaborador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (2002-03). Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2003-04).

28. Ángel Palacios,  C.I. 6.976.129.  Documentalista.

29. María Teresa Quispe, C.I. 82.026.345, Wataniba.

30. Amaylin Riveros, C.I. 10.349.643. Integrante del Comité Contra el Olvido y por la Vida (1988 – 1992).

31. Maureen Riveros C.I. 6.280.434. Ejecutora del Área de Información e Investigación, Provea (1999-2006).

32. José Ángel Rodríguez Reyes, C.I. 6.295.334. Ex miembro del Equipo de Defensa, Provea.

33. María Elena Rodríguez, C.I. 6.913.399. Ejecutora del Área de Defensa, Coordinadora del Programa de Exigibilidad en DESC, Provea (1995-2007).

34. Marvelys Sifontes, C.I. 13123818. Activista de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2001).

35. Wilman Antonio Verdú Canache, C.I. 6.300.170. Centro para la Paz UCV-Monitor Observatorios de DDHH (2006). Miembro Asociado Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

36. Belkis Urdaneta Jayaro, C.I. 9.740076, Miembra de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2013)

37. Asia Villegas Poljak, C.I. 6.355.311. Equipo Fundacional de la Defensoría del Pueblo, Movimiento de Mujeres (2000-2004). Integrante de la Comisión de DDHH del extinto Congreso (1995 al 2000), Coordinadora de la Comisión de DDHH de la Asamblea Constituyente.

38. Ileana Ruiz, C.I. 6.084.832. Educadora y Comunicadora Social, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1987 hasta la fecha).

39. Soraya El Achkar G., C.I. 8.505.722. Fundadora y miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1985- ).

Enlaces a pronunciamientos del Foro por la Vida:

Pronunciamiento del Foro por la Vida ante hechos relacionados con las elecciones del 14 de abril

http://foroporlavida.blogspot.com/2013/04/pronunciamiento-del-foro-por-la-vida.html

Carta abierta a las organizaciones de derechos humanos de América Latina

http://foroporlavida.blogspot.com/2013/04/carta-abierta-las-organizaciones-de.html

Foro por la vida solicita Investigar hechos de violencia; rechaza suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales; y exige garantizar derecho de contar todos los votos

http://foroporlavida.blogspot.com/2013/04/investigar-hechos-de-violencia-rechaza.html

Bienestar humano y vida en un solo planeta

Por Álvaro Cabrera

En los artículos previos hemos visto algunos indicadores relativos al bienestar del planeta que muestran cómo los países llamados desarrollados están viviendo por sobre sus posibilidades ecológicas gracias a la sobrecarga a la que someten a los países menos desarrollados y cómo indicadores como el Índice de Desarrollo Humano, que se supone muestran una concepción menos economicista del desarrollo, ocultan esta situación, pues se basan en medidas que ocultan el daño al planeta.

Un indicador alternativo, que puede servir como referencia para mirar al mundo con otros ojos, fue desarrollado por The New Economics Foundation (NEF) con la finalidad de buscar una medida diferente del bienestar humano, vinculada a la salud del planeta. La particularidad de este índice es que no considera el nivel de ingresos de un país como indicador de bienestar o de desarrollo en sí mismo.

El indicador desarrollado se conoce como el Índice del Planeta Feliz (IPF). Este índice considera la esperanza de vida en un país y la percepción de satisfacción con la propia vida de sus habitantes, en relación con su Huella Ecológica. Estos tres indicadores son la medida de tres objetivos considerados como medida de un modelo de desarrollo sostenible: alto bienestar, alta esperanza de vida y vida en un solo planeta.

Al comparar los resultados de este índice con los del IDH, podemos ver las enormes diferencias que puede mostrar el considerar la variable ecológica y desacoplar los indicadores de bienestar del nivel de ingresos. Así, los países con mejor desempeño en el IPF son países de ingresos medios, a pesar de que los niveles altos de ingreso pueden vincularse con una alta esperanza de vida, uno de los tres indicadores. Sin embargo, los altos ingresos de un país no necesariamente están vinculados con altos niveles de satisfacción de sus habitantes y sí están claramente relacionados con una alta Huella Ecológica.

En consecuencia, de los diez primeros países en el IDH de 2011 (excluyendo Liechtenstein) 6 se ubican por debajo del puesto 50 en el IPF publicado en 2012[1]. El mejor ubicado de estos países es Nueva Zelandia, que se encuentra en el puesto 28, mientras que Noruega, que se ubica primero en el IDH aparece en el puesto 29 del IPF. Estados Unidos, por ejemplo, cuarto en el IDH, es el peor ubicado de los primeros 10, pues en el IPF aparece en el puesto 105 debido a que posee una de las Huellas Ecológicas más altas del mundo.

Nueve países de los primeros 10 puestos del IPF pertenecen a América Latina y el Caribe, y de ellos seis se encuentran en Centroamérica (Costa Rica, Belice, El Salvador, Panamá, Nicaragua y Guatemala). El único país de una región distinta es Vietnam, que se ubica segundo. Costa Rica se ubica primero en el IPF gracias a su alta expectativa de vida (79,3 años), el alto nivel de satisfacción de sus habitantes (7,3) y su baja Huella Ecológica (2,5 hag), lo que le otorga una puntuación de 64. Venezuela, que se ubica en el puesto 73 en el IDH, aparece en la ubicación 9 del IPF, con una puntuación de 56,9 (expectativa de vida de 74,4 años, satisfacción de sus habitantes de 7,5 puntos y Huella Ecológica de 3 hag).

Según la NEF, este índice muestra qué países son más eficientes en garantizar una vida larga y feliz para sus habitantes, mientras mantienen las condiciones para que las generaciones futuras puedan hacerlo también. En este sentido, el índice demuestra que la garantía de una vida larga y feliz no tiene por qué necesariamente significar depredación del planeta.

Este índice, como todos, tiene también debilidades, pues le otorga gran protagonismo a las encuestas sobre satisfacción personal, que tienen un margen de error importante y que deben enfrentar el tema de las diferencias culturales y la subjetividad de la cuestión a medir. Sin embargo, se trata de un indicador que rompe los esquemas tradicionales y que nos permite establecer una aproximación diferente a las ideas de desarrollo y bienestar.■

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[1] THE NEW ECONOMICS FOUNDATION. The Happy Planet Index: 2012 Report. A global Index of sustainable well-being. London, 2012. En: http://www.happyplanetindex.org/assets/happy-planet-index-report.pdf.

El modelo de desarrollo y la degradación ecológica de los países del Sur

Por Álvaro Cabrera

 

 

Como vimos en la entrada anterior, según el Informe Planeta Vivo 2010 del World Wildlife Fund (WWF), el indicador de la Huella Ecológica nos muestra con cifras que los países con altos ingresos, en su mayoría países del Norte enriquecido, viven por encima de sus posibilidades ecológicas, por lo que recargan a otras regiones del mundo con su Huella Ecológica de consumo. Dicho en otras palabras, los países con altos ingresos están utilizando la biocapacidad de otros países para sostener su nivel de vida, por lo que se han hecho dependientes de los recursos y los servicios de los ecosistemas del Sur.

El Índice de Planeta Vivo, desarrollado por WWF, nos permite tener una perspectiva de cuáles son las consecuencias que esta situación genera, por ejemplo, en la diversidad de especies que habitan en cada región. Según WWF, “El Índice Planeta Vivo (IPV) refleja los cambios en la salud de los ecosistemas del planeta mediante el análisis de las tendencias de cerca de 8.000 poblaciones de especies de vertebrados”[1]. Según este índice, las poblaciones de vertebrados han sufrido una disminución de 30% entre 1970 y 2007.

Sin embargo, este deterioro ha sido tremendamente desigual. Al analizar el IPV por regiones (reinos biogeográficos, según WWF), nos percatamos de que las regiones en que se encuentran Norte América y Europa (Neártico y Paleártico, respectivamente), han sido las que menos deterioro han sufrido, mientras que las regiones en que se encuentran América Latina, África y Asia-Oceanía (Neotropical, Afrotropical e Indo-Pacífico) han sufrido un deterioro acelerado en las últimas décadas. Así, la variación del Neártico ha sido de -4% y la del Paleártico ha sido de +43%, mientras que la del Neotropical ha sido de -55%, del Afrotropical del -18% y del Indo-Pacífico del -66%.

Estas cifras demuestran que los países del Norte rico están conservando sus ecosistemas mientras explotan los ecosistemas del Sur. El Informe de WWF afirma que la notable estabilidad del reino Neártico (América del Norte y Groenlandia) “es probablemente debida a la efectiva protección ambiental y los esfuerzos de conservación desde 1970”[2]. Mientras que en el caso del reino Neotropical (América Latina), el deterioro se relaciona con “grandes cambios en el uso de la tierra y una fuerte industrialización en la región desde 1970, pero también es en parte debido a disminuciones catastróficas en el número de anfibios provocadas en muchos casos por la expansión de una enfermedad fúngica”[3]; y en el caso del reino Indo-Pacífico (Asia-Oceanía), al “rápido desarrollo agrícola, industrial y urbano en la región, lo que ha producido la destrucción y fragmentación más rápidas del mundo de bosques, humedales y sistemas fluviales”[4].

La consideración del crecimiento económico como medida del avance de un país, las consecuencias de un comercio internacional cada vez más intenso, la apropiación y explotación de los recursos naturales del Sur por empresas trasnacionales y el traslado de la producción (junto a todas sus externalidades negativas) desde los países del Norte hacia países del Sur por sus salarios más bajos y menores controles ambientales, han generado una rápida degradación de los ecosistemas del Sur en las últimas décadas. Mientras, los ecosistemas del Norte son preservados, pero tras haber sido sometidos a una tremenda degradación previa.

Esto se ve más claramente con el siguiente dato. Según WWF, el IPV de los países de elevados ingresos muestra un aumento del 5% entre 1970 y 2007. Mientras que en el mismo periodo el IPV para los países de ingresos medios ha disminuido un 25% y el de los países de bajos ingresos ha disminuido un 58%. Esto implica que en aquellos países donde las personas son más dependientes de los recursos que provee la naturaleza, la disponibilidad de esos recursos se está agotando más rápidamente, y este agotamiento está ocurriendo, en buena parte, como consecuencia de la alta Huella Ecológica de consumo de los países más ricos.

El modelo de desarrollo y el IDH

La clave de toda esta situación es el modelo de desarrollo que se hizo hegemónico tras la segunda Guerra Mundial, fuertemente ligado al crecimiento económico y al consumo, que han impuesto los países del Norte enriquecido y que sirve de referencia para los países que aspiran al desarrollo.

El Índice de Desarrollo Humano ha sido el indicador utilizado por ONU para medir el nivel de desarrollo de los países a partir de 1990. La elaboración del Índice de Desarrollo Humano buscaba superar la idea de desarrollo como simple crecimiento económico. Para ello combina los indicadores de crecimiento económico con indicadores de calidad de vida y de educación. A pesar de eso, en el IDH sigue teniendo un importante protagonismo el nivel de ingresos de cada país, medido por el Ingreso Nacional Bruto per cápita (INB, antes PIB). Como vimos en la entrada anterior de este blog, el indicador de la Huella Ecológica nos ha mostrado una relación entre un mayor nivel de ingresos y una mayor Huella Ecológica de consumo. Podríamos decir que mientras mayores son los ingresos, hay mayor consumo y, en consecuencia, hay mayor deterioro ambiental.

Así, si comparamos los países que ocupan los primeros puestos en el informe del PNUD sobre el IDH de 2011, con la información suministrada por Global Footprint Network con respecto a la Huella Ecológica y Biocapacidad para 2007[5], notaremos que los primeros 10[6] en la lista tienen un nivel alto de ingresos y una Huella Ecológica en promedio de 6,1 hag.

El Informe de WWF afirma que “La relación entre Huella Ecológica e IDH no es lineal, pero tiene dos partes diferenciadas […]. En los países con bajo nivel de desarrollo, éste es independiente de la Huella per cápita. Sin embargo, cuando el desarrollo aumenta más allá de cierto nivel, le ocurre lo mismo a la Huella por persona, hasta el punto en el que pequeñas ganancias en el IDH se producen a costa de aumentos muy grandes de la Huella”[7].

Esto puede tener una explicación, al alcanzar cierto nivel de avance en indicadores de salud y educación, mejorarlos se hace difícil y requiere un esfuerzo a largo plazo, por lo cual el IDH suele mostrar cambios en función del nivel de ingreso. Los países que quieren ver un aumento notorio de su IDH en el corto plazo, pueden tender a buscar un aumento del INB, lo que muchas veces implica un mayor nivel de consumo y, por ende, un aumento de la Huella Ecológica.

Por ello, el IDH es una radiografía precaria del bienestar humano, pues muestra entre otras debilidades, una nula incorporación de la variable ecológica, además de utilizar una medida económica que resulta muy poco esclarecedora de la situación de las personas, como es el INB, un indicador que no considera las desigualdades de ingreso a lo interno. A pesar de tratar de romper con el enfoque tradicional que igualaba desarrollo con crecimiento económico, el IDH sigue dando una relevancia especial, y en cierto modo incentivando, el crecimiento económico como medida de bienestar humano. Por ello, debemos plantearnos otras formas de concebir y medir el desarrollo y el bienestar que contemplen la variable ecológica. En el próximo artículo revisaremos una propuesta en ese sentido.■

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[1] WWF. Informe Planeta Vivo 2010. p. 22.

[2] Ibídem. p. 32.
[3] Ídem.
[4] Ibídem. p. 33.
[5] En: http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/2010_NFA_data_tables.pdf.
[6] Noruega, Australia, Holanda, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Canadá, Irlanda, Alemania, Suecia y Suiza. Se excluye Liechtenstein, 8vo. en la lista, por tener menos de 1 millón de habitantes.
[7] WWF. Op. cit. p. 74.

El desafío ambiental del desarrollo

Por Álvaro Cabrera

Este es el primero de una serie de artículos que tratan de ofrecer elementos para una discusión sobre uno de los problemas principales que se encuentran tras la lógica imperante sobre el desarrollo y que suele ser ocultado del debate público: el modelo de los llamados países desarrollados es insostenible ecológicamente y está además generando graves problemas ambientales al resto de los países del mundo.

Distintas voces vienen alertando desde hace un tiempo sobre la grave crisis ecológica que enfrenta el planeta. No pocos pensadores e investigadores se refieren a ella como un momento crítico en la historia de la humanidad, en que la capacidad del ser humano para producir cambios a gran escala sobre los sistemas ecológicos de la Tierra ha puesto en peligro su propia supervivencia como especie.

Edgardo Lander, por ejemplo, se refiere a esta coyuntura como una crisis del modelo civilizatorio, porque pone en entredicho no solo el modelo de desarrollo que se ha hecho hegemónico, sustentado en la premisa del crecimiento continuo y materializado en las relaciones capitalistas de producción, sino también a las bases del pensamiento occidental que lo han construido, que han convertido a la naturaleza en un objeto que existe para ser dominado y explotado para beneficio del ser humano.

Hay varios aspectos de esta coyuntura que vale la pena enumerar. Los llamados países desarrollados, la mayoría ubicados en el Norte, han sido los que han sacado mayor provecho de este modelo, sin embargo, como resultado de su proyecto de desarrollo han producido un gran desgaste a su base ecológica, con lo cual se han vuelto dependientes de los recursos y servicios de los ecosistemas de los países del Sur. Por otra parte, el nivel de desarrollo alcanzado en estos países pareciera no estar produciendo el bienestar que se podría asociar a su situación en el sistema económico mundial (muchas encuestas reflejan la caída en el nivel de satisfacción con la propia vida que recorre a los países llamados desarrollados).

Por otro lado, un tercer aspecto se refiere a la situación ambigua que deben enfrentar algunos países del Sur, poseedores de una gran riqueza de recursos naturales, pero compelidos por la lógica del sistema económico imperante a explotarlos intensivamente para pagar deudas y obtener beneficios económicos que les permitan mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones. Un cuarto aspecto, se refiere a una de las consecuencias más perversas de la versión actual del capitalismo, referida a la existencia de una abismal desigualdad entre el nivel de vida de unos países y otros e internamente dentro de cada país, lo que algunos han caracterizado como la existencia de un Norte en el Sur y de un Sur en el Norte.

En esta serie de artículos haremos algunas reflexiones derivadas de estos cuatro aspectos, más que para proponer soluciones, para plantear temas de debate que deberían ser considerados en las discusiones sobre los proyectos de desarrollo a construir en el Sur del mundo.

Evidencias de la degradación ambiental

Una de las medidas que se utiliza para medir la degradación ambiental es el indicador de la Huella Ecológica. Este indicador da una medida del nivel de consumo de recursos y emisiones contaminantes en relación con la capacidad del planeta para regenerarse y absorber esas emisiones. En palabras del World Wildlife Fund (WWF): “La Huella Ecológica mide el área de tierra biológicamente productiva y el agua necesaria para proporcionar los recursos renovables que la gente utiliza, e incluye el espacio necesario para infraestructuras y la vegetación para absorber el dióxido de carbono (CO₂)”^[1].

Según las mediciones correspondientes a 2007, el planeta está siendo sometido a una sobre explotación de sus capacidades (una translimitación ecológica, según WWF). Según esta medición, para ese año la biocapacidad del planeta era de 11.900 millones de hectáreas globales (hag) y la Huella Ecológica de consumo de ese año fue de 18.000 millones de hag. Esto implica una biocapacidad de 1,8 hag por persona y una Huella Ecológica de consumo de 2,7 hag por persona, es decir, un consumo que está 50% por encima de la biocapacidad del planeta.

Según este índice, para 2007 los países de altos ingresos tenían una Huella Ecológica que duplicaba a su biocapacidad (6,1 hag vs. 3,1 hag). El ciudadano promedio europeo, por ejemplo, poseía una Huella Ecológica de consumo de 4,7 hag, en comparación con el promedio mundial de 2,7 hag por persona, mientras la biocapacidad promedio de Europa era de 2,9 hag por persona, lo que significa que la Huella Ecológica de sus habitantes era un 62% superior a la biocapacidad del continente.

En contraste, los países africanos tenían una biocapacidad promedio de 1,5 hag por persona y una Huella Ecológica de consumo de 1,4 hag; los países de América Latina y El Caribe tenían una biocapacidad de 5,5 hag y una Huella Ecológica de 2,6 hag por persona; mientras los países asiáticos tenían una biocapacidad de 0,8 hag y una Huella Ecológica de 1,8 hag. Entre los casos más notorios se encuentra Estados Unidos, que en 2007 tenía una biocapacidad de 3,9 hag y una Huella Ecológica de 8,0 hag, es decir, que consumía más del doble de lo que su biocapacidad le permitiría.

Según el Informe de WWF, “los 31 países de la OCDE, que incluye las economías más ricas del mundo, totalizan el 37% de la Huella Ecológica de la humanidad”^[2], esto con una población que equivale al 18% de la población mundial.

Aunque existen otros indicadores relevantes para mostrar el deterioro que está sufriendo el planeta, resulta evidente con este indicador que el planeta está siendo sometido a un proceso de agotamiento de sus capacidades que implica la destrucción de los recursos que necesitarán las generaciones futuras para tener una vida de bienestar. Lo más grave de esta situación es que el deterioro se está concentrando en los países más empobrecidos, pues son éstos los que están sosteniendo el nivel de consumo de los países del norte desarrollado. Sobre ello hablaremos en la próxima entrega.■

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[1] WWF. Informe Planeta Vivo 2010. p. 10. En: http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2010/.

[2] Ibídem. p. 41.